La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, judicializó en las últimas horas a dos uniformados de la Policía de Risaralda por su presunta vinculación con redes de apoyo del grupo armado organizado conocido como Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC).
Se trata del intendente retirado Francisco Leandro Gutiérrez y del patrullero en servicio activo Juan Carlos Martínez Sánchez. Según el material probatorio expuesto por el ente acusador durante las audiencias preliminares, ambos exfuncionarios habrían aprovechado sus cargos para filtrar datos de operativos e inteligencia militar en el departamento, afectando la seguridad territorial en el occidente del país.
Graves cargos y filtración de información clasificada
La imputación de la Fiscalía detalla que tanto Gutiérrez como Martínez Sánchez habrían recibido sistemáticamente dádivas económicas a cambio de avisar con antelación a mandos medios del Clan del Golfo sobre patrullajes, allanamientos y órdenes de captura. Los delitos imputados incluyen:
- Cohecho propio: por recibir dineros ilícitos a cambio de omitir o retrasar sus deberes institucionales.
- Prevaricato por omisión: por el deliberado ocultamiento de hechos delictivos cometidos por la banda armada.
- Hurto calificado y agravado: debido a la presunta apropiación indebida de bienes incautados durante procedimientos policiales irregulares.
- Extorsión y revelación de secretos: al presionar económicamente a comerciantes locales bajo el pretexto de protección y por divulgar información clasificada de seguridad nacional.
"La penetración de estructuras delictivas en las seccionales de la Policía desvirtúa el esfuerzo de las tropas en el territorio y pone en riesgo directo la vida de los uniformados honestos que combaten el crimen organizado."
Ambos se declararon inocentes
Durante la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías de Pereira, ni el intendente retirado Francisco Leandro Gutiérrez ni el patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez aceptaron los cargos. Sus equipos de defensa argumentaron presuntas inconsistencias en los testimonios presentados por la Fiscalía y aseguraron que demostrarán su inocencia en la etapa de juicio oral.
A pesar de declararse inocentes, el juez constitucional acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, considerando que la libertad de los procesados representa un peligro inminente para la sociedad y para el desarrollo del proceso penal.
Impacto en la seguridad del departamento
Este escándalo de corrupción policial se da en un momento complejo para Risaralda. Por un lado, la gobernación y las autoridades policiales presentaron recientemente un balance positivo sobre la reducción histórica de homicidios en Risaralda en el primer semestre de 2026. Sin embargo, estas capturas internas evidencian que los tentáculos de las economías ilegales siguen intentando cooptar a los garantes de la seguridad local.
Asimismo, este fenómeno reabre a nivel nacional el debate sobre la reestructuración y depuración interna de la Fuerza Pública. Sectores políticos afines al nuevo gabinete del electo presidente Abelardo de la Espriella, donde suena con fuerza el nombre de Rodrigo Lara como Ministro del Interior, han insistido en la necesidad de endurecer las penas contra los uniformados que traicionen los valores de la patria y se alíen con las bandas criminales.
📬 Reciba nuestras investigaciones
¿Quiere estar al tanto de los casos de orden público y los procesos judiciales más importantes de la región? Regístrese a nuestro boletín.