Colombia se aproxima a uno de los puntos de quiebre macroeconómico más intensos de su historia reciente. La transición de poder hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella y el nuevo equipo del Ministerio de Hacienda liderado por Miguel Gómez Martínez plantea un desmantelamiento total de las políticas salariales y de distribución de la administración saliente de Gustavo Petro. El foco de tensión principal se centra en la mesa de concertación para el salario mínimo de 2027, un escenario que se anticipa tormentoso tras los polémicos precedentes fiscales del último año.
La sombra de 2026: Un incremento decretado bajo suspensión
Para comprender la magnitud del giro que propone el nuevo gobierno, es indispensable revisar el desenlace de la fijación del salario mínimo para 2026. En las postrimerías de su mandato, la administración de Gustavo Petro impuso un inédito incremento nominal del 23.7% (fijando el salario básico en $1.750.905 pesos, que escala a los $2.000.000 de pesos con el subsidio de transporte).
Esta medida, impulsada intensamente por los exministros Antonio Sanguino y Germán Ávila, se ejecutó de manera desafiante mediante decreto de cierre de año, saltándose incluso la orden de suspensión emitida por el Consejo de Estado. Para el sector técnico y las agremiaciones empresariales, esta decisión constituyó un despropósito económico de proporciones sistémicas, estructurado bajo dinámicas puramente electorales y desvinculadas de la realidad del aparato productivo nacional.
Las advertencias de Corficolombiana y la anomalía regional
Las consecuencias de este incremento desproporcionado —estimado en un 17% por encima de la regla técnica de productividad sumada a la inflación— no se hicieron esperar en las proyecciones macroeconómicas. Corficolombiana lanzó una severa advertencia sobre los desequilibrios resultantes: como consecuencia del choque del salario de 2026, la inflación experimentará una aceleración que la llevará al 6.5% para el cierre de este año, en lugar del 4.9% estimado originalmente por los analistas.
| País | ¿Cumple meta de inflación? | Meta del Banco Central | Inflación Proyectada |
|---|---|---|---|
| Colombia | No | 3.0% (±1%) | 6.5% (2026) |
| Brasil | Sí | 3.0% | Dentro del rango |
| Chile | Sí | 3.0% | Dentro del rango |
| México | Sí | 3.0% | Dentro del rango |
| Perú | Sí | 2.0% | Dentro del rango |
Esta desviación sistemática consolida a Colombia como el único par regional entre las grandes economías de la Alianza del Pacífico y Sudamérica que sigue fallando de manera persistente en converger hacia los objetivos inflacionarios de su banco central. En 2025, la inflación cerró en un preocupante 5.1%, y las decisiones salariales del saliente gobierno de izquierda bloquearon cualquier posibilidad de estabilización monetaria en el corto plazo.
El giro de 2027: Rigor técnico y productividad
Frente a este escenario de distorsión, el recién designado ministro Miguel Gómez Martínez ha trazado una línea roja inamovible para la negociación del salario mínimo de 2027. La directriz del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella es clara: se acabaron los incrementos salariales populistas definidos al calor de las presiones ideológicas.
Gómez Martínez ha ratificado que cualquier ajuste para el 2027 estará sujeto a una fórmula estricta basada en cuatro variables reales del mercado:
- Productividad total de los factores económicos.
- Inflación causada real.
- Tasa de desempleo nacional.
- Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
El propósito declarado de esta nueva metodología es recuperar el equilibrio entre el poder adquisitivo real de las familias trabajadoras y la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, las cuales concentran más del 80% del empleo formal y asumen el impacto directo de la informalidad latente.
Un entorno fiscal crítico y crecimiento estancado
La urgencia de retornar a la ortodoxia económica responde a un contexto fiscal severamente deteriorado. El nuevo ejecutivo recibe las cuentas públicas con un alarmante faltante de caja de 303 billones de pesos (con corte a mediados de junio, solo se habían recaudado 252.6 billones de los 555.7 billones presupuestados en el PGN), a lo que se suma un uso asfixiante del 76% del límite de endeudamiento permitido y una bajísima ejecución presupuestal.
Esta estrechez presupuestaria está detallada en el análisis sobre los tres músculos de la gestión de Gómez en Hacienda, donde se explica la hoja de ruta para evitar una rebaja en la calificación crediticia del país. En materia de crecimiento, el balance de 2025 dejó un lánguido avance del PIB del 2.6%, con una preocupante contracción del 16% en la inversión privada, caídas del 6.2% en minas y del 2.8% en el sector construcción.
Bajo estas condiciones de estancamiento e iliquidez estatal, insistir en incrementos salariales desvinculados de la productividad solo aceleraría la destrucción de empleo formal y el cierre masivo de unidades productivas. El gobierno entrante también deberá mitigar presiones colaterales complejas, como el tapón pensional del magisterio y los debates de economía plateada que impactan directamente el balance de la seguridad social en los próximos años.
La mesa de concertación laboral de finales de año será, en definitiva, el primer gran pulso social y político para el gabinete de De la Espriella. El éxito de Miguel Gómez radicará en imponer la disciplina de los números frente a las expectativas creadas por el ciclo salarial precedente, en un esfuerzo por devolver la estabilidad macroeconómica a una Colombia sumida en la incertidumbre.